En los últimos tiempos numerosos economistas afirman que la situación del endeudamiento público es insostenible y que conllevará una combinación de impuestos más elevados, suspensión de pagos, reestructuración de la deuda, inflación... Si mantenemos el modelo actual es muy probable que tengan razón. Lo más chocante es que cuando los economistas que realizan estas afirmaciones son profesores universitarios y explican los principales modelos teóricos suponen que la deuda pública emitida en moneda propia no tiene riesgo de quiebra.
La cuestión de la sostenibilidad de la deuda pública surge fundamentalmente cuando el déficit público aumenta considerablemente. Hay un consenso bastante elevado entre los economistas en aceptar que en tiempos de crisis se pueden aplicar medidas contracíclicas (aumento del gasto público) aunque aumente el déficit si se compensan con un ahorro en tiempos de bonanza económica. El punto crucial de esta medida es que es preciso que se perciba el límite del déficit, de ahí los esfuerzos de los estados en ofrecer un calendario de estabilización. Si los mercados ven que este endeudamiento es limitado creerán que se podrá devolver en el futuro. En cambio, si consideran que la deuda para financiar gasto corriente aumenta ilimitadamente, generará dudas sobre la capacidad de retorno y causará una elevada inestabilidad, un aumento de la prima de riesgo y aún más dudas sobre la capacidad de retorno... El principal problema de muchos estados es la incapacidad para ofrecer una propuesta creíble de estabilización de los niveles de endeudamiento, ya que una reducción del gasto conlleva una bajada del PIB y los ingresos fiscales mientras un aumento del gasto conlleva un crecimiento del déficit, la deuda y de la prima de riesgo.
Ahora bien, una economía indexada permite que los gobiernos puedan financiar sus déficits con la impresión de dinero (también lo podrían hacer en una economía no indexada pero conlleva unos riesgos más elevados). Esto permite un hecho importante: evitar que simultáneamente caiga el PIB y aumente la deuda, ya que el gasto no se financia con deuda. La medida tiene otro aspecto positivo: si sabemos que podemos mantener la demanda sin tener que aumentar el endeudamiento, entonces desde un punto de vista teórico, siempre que el gobierno sea capaz de destinar una parte del presupuesto, por pequeña que ésta sea, a la amortización de la deuda, cualquier nivel de endeudamiento será sostenible. Y si esto es cierto, entonces la prima de riesgo y la inestabilidad en los mercados financieros se reducirá inmediatamente.
Imaginemos una situación ideal en la que la deuda pública fuera del 1.000% del PIB (Grecia reestructuró con un ratio que no llegaba al 200%). Consideremos que la inflación es 0 para facilitar los cálculos. Supongamos que la población es constante y que los tipos de interés reales y la productividad son del 2%. En el año 1 el PIB es 100 y la deuda pública 1000. En el año 2 el PIB crecerá a 102 (gracias a la productividad) y la deuda crecerá a 1.020 (1000 de principal y 20 de intereses). Si el gobierno es capaz de financiar su gasto gracias a los impuestos y la impresión de dinero, y por tanto, sin generar déficit y más deuda, el ratio de endeudamiento no aumentará, ya que la deuda sólo crecerá por los intereses y 1.020 de deuda sobre 102 de PIB sigue siendo un 1.000%. A partir de ahí, si es capaz de destinar el 1% del PIB a la amortización de la deuda, ésta pasará a ser 1019. 1019 sobre 102 es una proporción del 999%, y por tanto inferior al 1000% del año anterior. Si el gobierno va repitiendo la operación podrá reducir el endeudamiento al 0%. Por tanto, puede devolver cualquier deuda por elevada que sea porque en el peor de los casos se quedará igual que el año anterior. Por el contrario, si no puede garantizar que será capaz de financiar el gasto corriente sin endeudarse (que es lo que sucede con el modelo actual), entonces no puede garantizar que la deuda sea como máximo 1020. Puede que sea superior, y, por tanto, que el ratio vaya aumentando indefinidamente, lo que generará incertidumbre y aumentará los tipos de interés que aún dificultarán más el retorno de la deuda.
La cuestión de la sostenibilidad de la deuda pública surge fundamentalmente cuando el déficit público aumenta considerablemente. Hay un consenso bastante elevado entre los economistas en aceptar que en tiempos de crisis se pueden aplicar medidas contracíclicas (aumento del gasto público) aunque aumente el déficit si se compensan con un ahorro en tiempos de bonanza económica. El punto crucial de esta medida es que es preciso que se perciba el límite del déficit, de ahí los esfuerzos de los estados en ofrecer un calendario de estabilización. Si los mercados ven que este endeudamiento es limitado creerán que se podrá devolver en el futuro. En cambio, si consideran que la deuda para financiar gasto corriente aumenta ilimitadamente, generará dudas sobre la capacidad de retorno y causará una elevada inestabilidad, un aumento de la prima de riesgo y aún más dudas sobre la capacidad de retorno... El principal problema de muchos estados es la incapacidad para ofrecer una propuesta creíble de estabilización de los niveles de endeudamiento, ya que una reducción del gasto conlleva una bajada del PIB y los ingresos fiscales mientras un aumento del gasto conlleva un crecimiento del déficit, la deuda y de la prima de riesgo.
Ahora bien, una economía indexada permite que los gobiernos puedan financiar sus déficits con la impresión de dinero (también lo podrían hacer en una economía no indexada pero conlleva unos riesgos más elevados). Esto permite un hecho importante: evitar que simultáneamente caiga el PIB y aumente la deuda, ya que el gasto no se financia con deuda. La medida tiene otro aspecto positivo: si sabemos que podemos mantener la demanda sin tener que aumentar el endeudamiento, entonces desde un punto de vista teórico, siempre que el gobierno sea capaz de destinar una parte del presupuesto, por pequeña que ésta sea, a la amortización de la deuda, cualquier nivel de endeudamiento será sostenible. Y si esto es cierto, entonces la prima de riesgo y la inestabilidad en los mercados financieros se reducirá inmediatamente.
Imaginemos una situación ideal en la que la deuda pública fuera del 1.000% del PIB (Grecia reestructuró con un ratio que no llegaba al 200%). Consideremos que la inflación es 0 para facilitar los cálculos. Supongamos que la población es constante y que los tipos de interés reales y la productividad son del 2%. En el año 1 el PIB es 100 y la deuda pública 1000. En el año 2 el PIB crecerá a 102 (gracias a la productividad) y la deuda crecerá a 1.020 (1000 de principal y 20 de intereses). Si el gobierno es capaz de financiar su gasto gracias a los impuestos y la impresión de dinero, y por tanto, sin generar déficit y más deuda, el ratio de endeudamiento no aumentará, ya que la deuda sólo crecerá por los intereses y 1.020 de deuda sobre 102 de PIB sigue siendo un 1.000%. A partir de ahí, si es capaz de destinar el 1% del PIB a la amortización de la deuda, ésta pasará a ser 1019. 1019 sobre 102 es una proporción del 999%, y por tanto inferior al 1000% del año anterior. Si el gobierno va repitiendo la operación podrá reducir el endeudamiento al 0%. Por tanto, puede devolver cualquier deuda por elevada que sea porque en el peor de los casos se quedará igual que el año anterior. Por el contrario, si no puede garantizar que será capaz de financiar el gasto corriente sin endeudarse (que es lo que sucede con el modelo actual), entonces no puede garantizar que la deuda sea como máximo 1020. Puede que sea superior, y, por tanto, que el ratio vaya aumentando indefinidamente, lo que generará incertidumbre y aumentará los tipos de interés que aún dificultarán más el retorno de la deuda.
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