A) La austeridad consiste básicamente en:
1) Equilibrar los presupuestos públicos para que la deuda pública no aumente incontroladamente y acabe creando un problema de impago y de colaboración lapso del sistema financiero. Esto implica aumentar impuestos y / o reducir gasto público.
2) Hacer reformas estructurales como por ejemplo flexibilizar el mercado de trabajo, liberalizar los mercados, facilitar la creación de empresas...
Según los defensores de esta propuesta:
1) La estabilidad presupuestaria llevará la estabilidad al sistema financiero y permitirá que el crédito vuelva a fluir. 2) Las reformas estructurales deben permitir ganar productividad y competitividad. Gracias a estas y a la estabilidad financiera, las empresas obtendrán más beneficios y volverán a contratar trabajadores y hacer que aumenten los ingresos fiscales.
Funciona?
No, porque una parte fundamental de la crisis actual es la falta de crédito y una demanda excesivamente débil, tal como lo demuestra el hecho de sufrir paro involuntario. Así, aunque las medidas defendidas pudieran tener efectos positivos a largo plazo, a corto plazo son una fuente de inestabilidad y deterioro. Los recortes o el incremento de impuestos para cuadrar los presupuestos hacen que la demanda caiga aún más, cuando debería aumentar. Además, la caída de la actividad conlleva una disminución de ingresos fiscales que hacen que sean necesarios nuevos recortes para conseguir los objetivos. Los recortes y la caída de la demanda generan dudas sobre la estabilidad de los puestos de trabajo y sobre los beneficios empresariales, de forma que el crédito no fluye hacia empresas y familias.
¿Qué riesgos conlleva?
El principal riesgo es entrar en una espiral de caída de la producción, reducción del crédito concedido, aumento de la deuda sobre el PIB y de la desconfianza ... que se vaya retroalimentando.
B) Los defensores de la política fiscal expansiva proponen:
1) Aumentar el gasto público aunque comporte un aumento del endeudamiento y de la inflación.
Según los defensores de esta propuesta, el aumento del gasto público comportará un incremento del PIB, una disminución del paro y un incremento de los beneficios empresariales, que permitirán resolver la crisis y generar suficientes recursos para pagar la deuda generada.
¿Funciona?
Teóricamente no tiene porque no funcionar. En la práctica puede resultar inviable para las economías que no consigan obtener la confianza de los inversores, ya que la medida genera una gran incertidumbre y desequilibrios. Esto hace que los mercados puedan reaccionar anticipadamente pidiendo un control del gasto e impidiendo que estas políticas se puedan llevar a cabo, especialmente en las economías con déficit por cuenta corriente.
¿Qué riesgos conlleva?
Esta medida conlleva varios riesgos, ya que puede suponer realizar una gran cantidad de estímulo durante un período prolongado de tiempo. Esto conlleva, por una parte, que la deuda pública aumente considerablemente y, por otro, que la inflación pueda aumentar.
C) La indexación de la economía defiende básicamente:
1) Indexar todos los contratos a la inflación (y de otros indexaciones)
2 ) Facilitar la creación de empresas y la competencia en los mercados
3) Aumentar el gasto público o privada (vía transferencias) financiada con la impresión de dinero
Según esta propuesta el aumento del gasto y de la demanda permitirían aumentar el PIB y disminuir el paro. La financiación del gobierno con la impresión de dinero conlleva que éste no se endeude (y por lo tanto no genere incertidumbre en los mercados financieros) y pueda mantener indefinidamente su política expansiva.
¿Funciona?
Teóricamente sí. El principal obstáculo es que hay que realizar el cambio hacia una economía indexada y que no tenemos experiencia. Esto puede conllevar una resistencia social.
¿Qué riesgos conlleva?
El principal riesgo es que los gobiernos abusen del sistema, ya que dispondrían de recursos monetarios ilimitados. Por lo tanto, hay que conservar la independencia de los bancos centrales, fijar las normas de actuación y aumentar la transparencia y el control ciudadano del gasto público.