En principio, la dación en pago no me parece ni bien ni mal siempre que se acuerde entre las partes. Ahora bien, como solución al problema planteado a raíz de la crisis económica creo que tiene más inconvenientes que ventajas. No resuelve los problemas de fondo como el paro de los afectados o la volatilidad del mercado inmobiliario y a cambio de resolver uno de los principales problemas de los afectados (elimina su endeudamiento) hace que el resto de la sociedad deba asumir un gran coste. Si los endeudados no asumen sus créditos serán los contribuyentes (vía impuestos) y los clientes de los bancos (vía préstamos más caros) quienes los deberán asumir, hechos que tendrán una incidencia negativa sobre la economía y el mercado laboral. El hecho de plantear la retroactividad también plantea muchos problemas, ya que una economía donde se cambian unilateralmente los acuerdos contractuales, incluso los ya concluidos supone un aumento del riesgo para las inversiones y, por tanto, un empobrecimiento para el conjunto de la sociedad a largo plazo. También supone un incentivo a no pagar para los endeudados actuales, lo que puede agravar aún más los problemas económicos. Además, de cara al futuro, la dación en pago hace recaer sobre el banco el riesgo de la inversión (lo que supone una mala asignación del riesgo) y por tanto encarecerá el crédito y dificultará el acceso a la vivienda.
Algunos economistas han propuesto que las personas afectadas puedan adherirse a una reestructuración y condonación parcial de la deuda. Esta solución tiene más ventajas que la dación en pago ya que evita encarecer el acceso a la vivienda de cara al futuro, no modifica los contratos ya firmados, no supone unos costes tan elevados para contribuyentes e inversores y por lo tanto tiene menos repercusiones negativas sobre la economía. Aun así, no resuelve los problemas de fondo como el paro o el hecho de que se pueda producir una situación similar en el futuro y no es vista como válida por los afectados a no ser que comporte una eliminación total o muy sustancial de la deuda, lo que conllevaría un problema económico y de financiación.
Implementar una economía indexada me parece una mejor opción. Las hipotecas indexadas reducen la volatilidad de las cuotas a pagar y de las cantidades ofrecidas en préstamo y por lo tanto dificultan que una situación similar se pueda producir en el futuro en el mercado inmobiliario. Asignan mejor los riesgos y por lo tanto reducen los costes de acceso a la vivienda. Además, una economía indexada permite estimular la demanda sin incrementar el endeudamiento ni incrementar los impuestos y, por tanto, facilita que se creen puestos de trabajo en tiempos de crisis y dificulta que se produzca paro involuntario crónico.
Para los que hoy en día tienen problemas para pagar las cuotas pero no han sido desahuciados supone también una ventaja, ya que las cuotas iniciales de las hipotecas indexadas son más bajas y por lo tanto verían como estas se reducen. La implantación de las hipotecas indexadas también facilitaría un incremento de los precios de los inmuebles y por tanto incrementaría su patrimonio. Además, el hecho de que ayude a reactivar el mercado laboral facilita que tengan más opciones a corto plazo de obtener un empleo si no lo tienen y a largo plazo de incrementar sus ingresos, reduciendo de esta manera los problemas de pago de cuotas.
Queda por resolver el problema de los ya desahuciados. Creo que, en general, cada uno debe responsabilizarse del riesgo que asume, sean individuos, empresas o bancos y por tanto no me parece una buena opción rescatarlos. Ahora bien, también creo que una economía indexada puede evitar el tipo de crisis que estamos sufriendo y un paro involuntario de larga duración. En la medida en que muchos de los afectados lo son por culpa de que el sistema ha sido incapaz de ofrecerles un puesto de trabajo o una manera de ganarse la vida y no porque hayan querido abusar del sistema o asumir un riesgo excesivo, me parece razonable defender, de manera excepcional, el rescate de los ya desahuciados durante el período de crisis. Desconozco el volumen total de la deuda que habría que financiar. Algunas estimaciones hablan de una cantidad que podría suponer alrededor del 3 o el 4% del PIB, pero las fuentes no son fiables. ¿Cómo financiar este coste? De dos maneras: 1) Incrementando el impuesto sobre incrementos patrimoniales de los inmuebles adquiridos a partir de 2008. Gracias a que las hipotecas indexadas pueden aumentar los precios de los inmuebles alrededor de un 20% a corto plazo y una cantidad más elevada a largo plazo, esta medida podría recaudar hasta un 3% del PIB en las próximas décadas y 2) Dedicando una parte del incremento de los impuestos obtenidos gracias a que los afectados obtendrán trabajo si se implementa una economía indexada. Los ingresos fiscales podrían aumentar anualmente hasta alrededor de un 0,4% o 0,5% del PIB. De este modo, el coste del rescate no recaería sobre el conjunto de los contribuyentes sino sobre los propios afectados y sobre los inversores inmobiliarios que se beneficien de la implementación de una economía indexada.